COAG y UPA piden a Rosa Aguilar un plan estratégico que garantice el futuro de las explotaciones ganaderas

El documento enviado a la ministra, firmado por los secretarios generales de ambas organizaciones: Lorenzo Ramos, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y Miguel López, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demuestra con numerosos datos cuál es el panorama a que se enfrentan los ganaderos. La iniciativa del informe surgió tras el encuentro de ambos líderes con la ministra Rosa Aguilar el pasado 11 de enero.
COAG y UPA consideran fundamental la creación de una mesa de expertos, formada por miembros de las organizaciones profesionales agrarias representativas del sector y del Ministerio, que “analice, debata y diseñe un Plan Estratégico para la Ganadería Española que garantice la viabilidad del sector en el futuro”, afirman.
El nivel de precios de las materias primas básicas para la elaboración de los piensos está llegando a valores cercanos a los registrados a finales de 2007 y 2008, cuando tocaron techo. Esta subida se ha traducido en que el precio de los piensos compuestos se ha incrementado entre 6 y 8 céntimos de euro por kilo, lo que supone una subida de hasta el 27%, según el informe.
“Los ganaderos se ven exprimidos entre los elevados precios de los insumos y los bajos precios en origen al productor”, han denunciado las organizaciones. “Debido a las fuertes posiciones de los procesadores, la gran distribución y las empresas de insumos en la cadena alimentaria, los productores no participamos en la formación del precio ni podemos trasladar costes a lo largo de la cadena alimentaria”, han lamentado.
En España, unas 745.000 personas viven directamente de la ganadería, empleos que estarán en peligro si la situación continúa así y se van cerrando explotaciones, explican desde COAG y UPA. “Los sectores íntimamente ligados a la ganadería (medicamentos veterinarios, genética animal, piensos) también se verán afectados”, señalan.

LA UE BUSCA UNA EXPLICACIÓN AL MISTERIOSO SÍNDROME QUE HACE DESAPARECER A LAS ABEJAS

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido por carta a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que España aproveche la presentación formal de la comunicación sobre “La Salud de las abejas melíferas” en el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo 24 de enero para explicitar su apoyo al sector apícola europeo. La apicultura es una actividad ganadera que encaja perfectamente en los objetivos de la nueva PAC a partir de 2013 por el servicio medioambiental (bien público) que desarrolla en beneficio de la sociedad europea en su conjunto.

“Es sin ninguna duda una iniciativa muy importante ante la difícil situación sanitaria y el creciente aumento de la mortandad de las abejas en toda Europa y en el resto del mundo”, ha subrayado el responsable del sector apícola de COAG, Jose Luis González. Por el momento, los estudios científicos no han determinado las causas últimas ni la envergadura precisa de este gravísimo problema que afecta una actividad como la apícola que desempeña un papel estratégico en la polinización de los cultivos agrícolas y de la vegetación natural, en la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad, en la producción de alimentos de calidad (miel, polen, jalea real, etc.) y contribuye al desarrollo rural, aprovechando recursos que de otra forma se perderían y generando actividad económica en las zonas más desfavorecidas.

COAG recuerda que en nuestro país la pérdida de colonias de abejas por el síndrome de despoblamiento (CCD, en inglés) es un fenómeno conocido desde la primavera del año 2005. En la actualidad, se ha convertido en un grave problema estructural en las explotaciones apícolas al provocar una media anual de bajas del 25/30 % frente a una media del 5/10% de mortandad natural, lo que obliga a los apicultores a aumentar anualmente la tasa de reposición de enjambres (mayores costes de producción), así como a incrementar el número de colmenas para intentar paliar la pérdida de ingresos. Por ello, para España, como primer país apícola de la UE, el problema de la mortandad de colonias de abejas debe ser un asunto prioritario.

Como pasos previos para solucionar este problema, desde COAG se les han traslado a la Ministra los siguientes aspectos:

- Urge poner en marcha cuanto antes a nivel comunitario un Programa de Vigilancia que en la práctica ya debería estar funcionando en el conjunto de los Estados Miembros de la UE, con la participación directa de las organizaciones de los apicultores, para evaluar correctamente la mortandad de las abejas y recoger información para poder conocer y combatir sus causas.

- Asimismo, se debe instar a las autoridades estatales a establecer un sistema fiable para el censo anual de las colmenas, dado que salvo España (REGA) y otros dos EE.MM. que cuentan con un registro oficial de colmenas, el resto de países de la UE se basan sólo en datos estimados. “Sin la suficiente transparencia y un razonable control de la cabaña apícola en cada Estado Miembro, así como con la participación activa de los apicultores, será imposible disponer de información veraz sobre la mortandad de las abejas en cada campaña apícola”, ha apuntado González.

Del mismo modo, COAG señala en su carta a la Ministra que una de las posibles causas de la mortandad, cada día más documentada y que la propia Comisión Europea reconoce que hay que “aclarar si pueden afectar a la salud de las abejas y en qué medida”, es la utilización de los nuevos insecticidas sistémicos neurotóxicos (neonicotinoides y fenilpirazoles). En Francia, Italia, Alemania, Bélgica y otros países comunitarios se han producido episodios masivos de mortandad de abejas por toxicidad aguda, pero todo apunta a que el principal problema de estos insecticidas es la toxicidad crónica y los efectos subletales que debilitan la colonia de abejas, haciéndola primero improductiva y luego provocando su muerte.

Además, COAG destaca que el eje central de los problemas sanitarios de las colmenas en España, así como en el resto del sector apícola europeo, es la complicada situación de la lucha contra el parásito Varroa destructor, que sigue siendo una enfermedad parasitaria que está presente de forma permanente en la práctica totalidad de las colmenas a nivel mundial. Asimismo, la acción directa de esté ácaro sobre las abejas, debilita su sistema inmune y abre el paso a otros patógenos oportunistas. En la actualidad, el sector apícola dispone de pocos medicamentos veterinarios autorizados para combatirlo, debido a la aparición de resistencias, y con precios muy elevados, por lo que el coste sanitario que soportan las explotaciones apícolas como consecuencia de ello es mucho más elevado que en otras ganaderías.

COAG espera que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se implique activamente en el análisis de la situación y en el diseño de una estrategia sanitaria que garanticen un futuro para el sector apícola en España, (primera potencia de la UE con 2,5 millones de colmenas y 5.350 apicultores profesionales) y en el resto de la UE.

ROSA AGUILAR ALABA EL TRABAJO DE PROMOCIÓN REALIZADO POR LA INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que hizo un repaso a las prioridades de su departamento, se mostró especialmente contundente al valorar el trabajo de promoción del aceite de oliva español: “Yo tengo que decir que tenemos en España una Interprofesional del Aceite de Oliva, que funciona y funciona muy bien”.

Aguilar, explicó en una entrevista conducida por Paz Cámara (directora de Agrosfera), que ese trabajo se está traduciendo en hechos concretos, que todo el sector del aceite de oliva puede ya comprobar: “Y de hecho el crecimiento de la exportación ha sido extraordinario en los últimos tiempos, porque están dando resultado todas esas actuaciones de promoción, que además, vamos a ir a más con ellas”

En ese sentido la ministra se mostró convencida de que estamos sólo al principio de un trabajo que, sin lugar a dudas, va a dar sus frutos, “es un trabajo que no ha hecho más que comenzar. Y que estamos comprometidos con todo el sector del olivar, del aceite, para que sigamos realizándolo. Y vayamos a más países y a más mercados emergentes donde nuestro aceite tiene mucho y bueno que decir”. Aguilar reiteró el apoyo de su departamento a esta labor, a la que ha contribuido activamente desde la puesta en marcha de la Extensión de Norma.

El calabacín marroquí entra el mercado comunitario muy por debajo del precio establecido y hunde el producto español

COAG ha detectado en las últimas semanas como Marruecos está incumpliendo sistemáticamente el precio de entrada del calabacín marroquí en el mercado comunitario en perjuicio del producto español que ha visto cómo las cotizaciones han bajado hasta llegar en algunos casos a los 0,20 euros; unos precios con los que el agricultor no cubre ni los costes de producción del calabacín que están fijados en torno a 0,40 euros.

Recordaos que el calabacín sigue siendo uno de los siete productos contingentados en el Acuerdo UE-Marruecos pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, razón de más para que desde COAG hayamos denunciado la pasividad del Gobierno respecto a este tema, ya que hace oídos sordos a esta situación ilegal y mira hacia otro lado en lugar de intervenir y defender con uñas y dientes los intereses de los productores españoles.

Asimismo, desde COAG criticamos la hipocresía de la ministra Rosa Aguilar que el mismo martes defendía en el Senado que el objetivo prioritario del Gobierno es el de preservar “los intereses de las producciones hortofrutícolas españolas en un marco de relaciones internacionales complejo”.

¿Para cuándo los controles de vigilancia?

Durante su intervención en el Senado, la ministra del MARM reiteró ayer la determinación del Gobierno de mantener un riguroso control del acuerdo en contacto con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, al tiempo que ha destacado las medidas de apoyo al sector.

COAG pone en tela de juicio las palabras de Aguilar, quien no parece haber escuchado al sector, como quedó demostrado ya que en pasado 11 de enero ningún europarlamentario del PSOE español acudió a la reunión convocada por el vicepresidente de la Comisión de Agricultura, José Bové, para debatir sobre los pros y contras del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos.

COAG se reafirma en la intención de continuar trabajando en el seno del Parlamento Europeo para buscar el máximo número de apoyo de europarlamentarios que voten en contra de un acuerdo que provocará no sólo la caída del precio del calabacín, como está sucediendo ahora mismo, sino de otros muchos productos como el pimiento, pepino, el melón o la sandía que quedarán totalmente liberalizados.

COAG y UPA consideran imprescindible el mantenimiento de los 65 años como edad legal de jubilación de los agricultores y ganaderos

Las organizaciones agrarias COAG y UPA estiman imprescindible el mantenimiento de los 65 años como edad legal de jubilación de los agricultores y ganaderos ante el carácter penoso y la gran exigencia física del trabajo en la actividad agraria, que provoca un deterioro físico superior a otros muchos sectores laborales.

Ambas organizaciones entienden que debe encararse una reforma del régimen actual de pensiones para garantizar su viabilidad futura, como uno de los derechos fundamentales del estado de bienestar social. Sin embargo, esta reforma no se puede realizar a costa de provocar un grave perjuicio a sectores, como el agrario, especialmente desfavorecido, a la vez que estratégico y sumido en una grave crisis. Como consecuencia de esta crisis el sector agrario mantiene un nivel de rentas equivalente al 50% de la renta media del conjunto de los sectores económicos y es al mismo tiempo perceptor de las pensiones medias más bajas con 569 € de media.

UPA y COAG consideran que la reforma prevista debe ser flexible, estableciendo las excepcionalidades que se consideren justas y equilibradas, para evitar el agravamiento económico y la precariedad social de sectores como el agrario. El trabajo en la agricultura y ganadería es muy duro y resulta insoportable a edades avanzadas que, en el caso de ampliarse la jubilación a los 67 años traería como consecuencia un aumento de la siniestralidad laboral y del riesgo de accidentes.

Además, con el aumento de la edad de jubilación se vería limitado el necesario relevo generacional y, en consecuencia, se generaría un mayor envejecimiento de la población activa agraria, (el 60% de los agricultores tiene más de 55 años). Ante las exigencias de eficacia productiva se precisa un rejuvenecimiento del sector que favorezca un mayor dinamismo, modernización e innovación, así como la adaptación a las nuevas tareas de gestión que actualmente se exigen a la actividad agraria.

Respecto a la ampliación del período de cálculo de los años de cotización, hemos de recordar que la reforma de 2007 que aprobó la integración del antiguo régimen REASS al actual RETA/SETA perseguía mejorar las pensiones de jubilación del sector agrario (actualmente las más bajas de todo el sistema) a través de un incremento del esfuerzo contributivo con un aumento en las bases de cotización. Esto se aprobó en un momento de intensa crisis del sector agrario, con un fuerte descenso de la renta, lo que suponía un importante sacrificio para los hombres y mujeres del campo.

La ampliación del período de cálculo de los años de cotización que se está poniendo ahora encima de la mesa, supone desvirtuar el principal objetivo de la reforma del REASS de 2007, que buscaba disminuir la brecha de las pensiones del sector agrario respecto al resto de sectores, a través de un incremento del esfuerzo contributivo. Adicionalmente, el colectivo de agricultores y ganaderos tiene una edad media muy elevada, por lo que muchos de ellos se encuentran en los últimos años de cotización, sin margen contributivo para evitar un importante recorte de sus pensiones, al tratarse de una medida retroactiva.

Por último, muchas mujeres agricultoras que han empezado a cotizar en los últimos años, se verían especialmente afectadas al no alcanzar los años de un período de cálculo ampliado.

COAG y UPA han trasladado todas sus propuestas y reivindicaciones a los diferentes grupos parlamentarios, sindicatos de trabajadores, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.