La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que en 2010 los agricultores y ganaderos han sido utilizados como mano de obra barata por industria y distribución. El año que finaliza ha estado marcado por la crisis de precios en el campo, la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), los crecientes desequilibrios en la cadena de valor agroalimentaria, el relevo de Rosa Aguilar por Espinosa al frente del Ministerio y el tímido desarrollo del Plan de choque comprometido por Zapatero tras la reunión en Moncloa con la organizaciones agrarias en diciembre de 2009. Además, se ha evidenciado la incapacidad de las distintas Administraciones para poner coto a los abusos de las grandes cadenas de distribución y dotar de seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios agrarios frente a la cruzada de la Comisión Nacional de Competencia.
Crisis de precios y subida de costes: los bajos precios en origen, impuestos por una gran distribución que abusa de su posición de dominio sobre los productores, en un mercado que se caracteriza por el desequilibrio y la falta de regulación, han continuado en 2010, especialmente en leche de vaca y cabra, olivar, uva de vinificación, porcino y gran parte de las frutas y hortalizas. Al derrumbe de los precios hay que añadirle la subida de los costes de producción, consecuencia directa de las maniobras especulativas que se han producido sobre todo en el mercado de los cereales. El anuncio de Rusia de frenar las exportaciones y las incidencias de la sequía y los incendios provocaron la entrada de capital especulativo al mercado de futuros de los cereales, generando una subida del producto (de hasta un 60% en el caso del trigo). Esta volatilidad de los precios se aprovechó para incrementar de manera injustificada los precios de los insumos, con fertilizantes que han subido un 60% y semillas que suben alrededor de un 50%.
Reforma de la PAC: COAG calificó la comunicación oficial de la Comisión Europea presentada en noviembre de ambiciosa en sus objetivos pero altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación, intervención, control de la producción, almacenamiento privado, cláusula de medidas excepcionales, control en frontera, precios de entrada, contingentes y calendarios, equilibrio en el poder de negociación en la cadena agroalimentaria, etc.). COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria, caso del recientemente ratificado acuerdo UE-Marruecos.
Desequilibrios en la cadena agroalimentaria: según los datos del índice de Precios en Origen y destino de los alimentos (IPOD), el diferencial entre el campo y la mesa se mantuvo de media por encima del 450%. Tras un primer trimestre de bajadas, los IPOD de los meses de verano reflejó diferencias por encima del 500% de media, llegando al 1.000% en productos de temporada. “Hoy, por ejemplo, una cosecha corta no es garantía de mejores precios en el campo. Un mercado sin reglas ni control convierte la ley de la oferta y la demanda en la ley de la selva. La libre competencia, que muchos abanderan para legitimar sus excesos, no es tal si no se parte de una situación de igualdad entre todos los eslabones que conforman la cadena agroalimentaria”, ha subrayado Miguel López, Secretario General de COAG.
Para conseguir esa igualdad y dotar a los productores de mayor capacidad negociadora frente al dominio de la gran distribución, desde COAG se ha estado trabajando en diferentes frentes. A nivel estatal y con un gran esfuerzo por parte del sector productor y cooperativo, se aprobó en julio la ley de morosidad (que regula los plazos de pago de los productos agroalimentarios, quedando establecido el plazo de pago para los productos frescos en un máximo de 30 días y para el resto en un máximo de 60 días, no pudiéndose aplazar por acuerdo entre las partes. Sin embargo, quedó pendiente el desarrollo de un régimen sancionador de dichos plazos de pago para los productos agroalimentarios que garantizara el cumplimiento efectivo de dicha ley. Desde COAG hemos denunciado recientemente las maniobras de Alcampo, que pretende imputar los costes financieros de este recorte en los plazos a los proveedores imponiendo descuentos.
Por último, a finales del año 2010, el gobierno presentó el proyecto de ley de calidad agroalimentaria incluida dentro de su programa electoral, Desde COAG estamos convencidos de que la tramitación urgente de la ley de calidad agroalimentaria se hace más imprescindible cada día y se ha exigido que se incluya un listado de prácticas comerciales tipificadas como abusivas acompañado de un contundente régimen sancionador.
Nuevos aires en el Ministerio: desde COAG consideramos positivo y necesario el relevo de Rosa Aguilar por Espinosa porque con la última se habían agotado todas las vías para encontrar una salida eficaz a la crisis que atraviesa el sector agrario, que desde 2006 acumula una pérdida de renta por encima del 31%. Valoramos los avances en cuento a interlocución con el sector pero ahora toca pasar de las buenas palabras a los hechos.
Plan de choque de Zapatero: desde las organizaciones agrarias se ha criticado la falta de voluntad y capacidad para llevar a cabo la hoja de ruta acordada por Gobierno y sector durante la reunión mantenida en Moncloa en diciembre de 2009. Aparte de las medidas aprobadas para mejorar el acceso a la financiación en el sector agrario (de las que más de 20.000 profesionales agrarios se han beneficiado) quedan pendientes todas las cuestiones relativas a fiscalidad, cadena de valor, integración cooperativa, importaciones terceros países y negociación colectiva de precios. Además, el Grupo Interministerial creado debería haber presentado en 2010 un informe en el que se señalaran los principales problemas del campo y detallasen recomendaciones y propuestas para solucionarlos. Tampoco se ha hecho.
Hoy, más que nunca, sigue siendo necesaria una política de concertación entre Administración y organizaciones profesionales agrarias para definir el modelo de agricultura adecuado para nuestro país, unPacto Agrario Global.
