EL CES DICTAMINA A FAVOR DE LA LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria con la que se pretende potenciar la calidad de las diferentes producciones de nuestro país, así como establecer una serie de mecanismos que reequilibren la cadena de valor agroalimentaria. Los Códigos de Buenas Prácticas Comerciales y la negociación de contratos agrarios, medidas básicas para el sector.

Se trata de las reivindicaciones más importantes que demanda el sector agrario, con la vista puesta precisamente en ese reequilibrio y vertebración de la cadena de valor. En este sentido ASAJA, COAG y UPA acogen con satisfacción la opinión expresada por el CES que considera necesario que, mediante la modificación de la Ley de Interprofesionales y de Contratos Tipo Agroalimentarios, se capacite a las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para negociar las condiciones de dichos contratos.

Respecto al establecimiento voluntario de Códigos de Buenas Prácticas Comerciales, (que también se recoge en el Dictamen), las Organizaciones Profesionales Agrarias ven positiva la propuesta del CES para que se incorpore un apartado específico de incentivos a aquellas empresas u operadores que consideren oportuno el cumplimiento de dichos Códigos, con lo que se favorecería su desarrollo.

Por último, tenemos que lamentar que a pesar de la propuesta presentada por ASAJA, COAG y UPA para la inclusión de un nuevo capítulo que recogiera una lista de prácticas comerciales abusivas, el pleno del CES no ha conseguido alcanzar un acuerdo unánime en este sentido. En opinión de las Organizaciones Profesionales Agrarias esta Ley adolece de una mayor incidencia en aquellas medidas relacionadas con el incentivo de la calidad, y se centra en mayor medida en la vertebración y estructuración del sector agroalimentario.

MAS DE TRESCIENTOS VECINOS Y PROPIETARIOS DE TOTANA ACUERDAN SOLICITAR QUE SE RETIRE EL PLAN DE ORDENACIÓN URBANA DE TOTANA Y SE REINICIE LA TRAMITACIÓN PARCIAL CONSENSUADA DEL CASCO URBANO.

Más de trescientos agricultores y propietarios de Totana asistieron anoche, en el salón de actos de CEBAG –y muchos desistieron al no poder acceder al local al estar abarrotado desde los escalones de acceso e incluso en la misma calle– a la asamblea informativa convocada por la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG) y APESE (Asociación de Propietarios del Entorno de Sierra Espuña) para informar sobre la importante modificación que las autoridades ambientales exigen al Ayuntamiento de Totana para continuar la tramitación del Plan de Ordenación Urbana.

El Presidente de APESE y CEBAG (Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín), José Luis Hernández, informó a los asistentes de los términos literales y consecuencias del documento de la Administración Regional, que valora el impacto ambiental del Plan de Ordenación Urbana, repasando zona a zona del municipio y alegando que –además de otros condicionantes– esto suponía un cambio sustancial del Plan que afectaba a los pilares estructurales del mismo; ya que recalifica a no urbanizable más de 60 millones de m2 y afecta a varios miles de propietarios. Y que ello suponía hacer una nueva redacción del Plan y del estudio de impacto, así como someter el mismo a un nuevo proceso de redacción e información pública sobre las zonas afectadas, lo que afecta a todo el municipio salvo el casco urbano. Y que eso posibilitaría la presentación de nuevas alegaciones por los nuevos afectados. Todo ello tras las más de 14.000 alegaciones que cosechó el Plan en el 2008 en su aprobación provisional.

José Luis Hernández informó de la reunión celebrada esa misma mañana, a lo largo de dos horas, con el Director General de Medio Ambiente y dos Concejales y el responsable técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Totana, en la que, a pesar de manifestar estos últimos que coincidían al 95% con las peticiones de COAG y APESE, no fue posible llegar a un acuerdo sobre la retirada del Plan y el estudio del impacto ambiental por el Ayuntamiento, como proponían estas dos organizaciones.

Tras de las exposiciones realizadas por José Luis Hernández e Isidoro Cayuela y las intervenciones de los asistentes, la asamblea acordó suscribir un escrito dirigido a los Consejeros de Agricultura y Medio Ambiente y al de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; en el que le solicitan requieran al Ayuntamiento de Totana la retirada del actual texto del Plan presentado, así como la separación de éste de la normativa del casco urbano a fin de que, mientras se reinicia la larga tramitación de un nuevo texto del Plan con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales; se pueda agilizar y aprobar un plan parcial que afecte solo al casco urbano, que desbloquee lo antes posible las necesarias licencias y la actividad de los pequeños constructores de la zona urbana de Totana, con el consenso de todos los grupos políticos y sociales.

La asamblea también acordó denunciar la pretensión del Parque de Sierra Espuña de expropiar parte del uso de muchas fincas, al hacer una ampliación encubierta de hecho de su ámbito estableciendo una supuesta banda de protección de un kilómetro en torno al Parque, que ha creado un rechazo generalizado de los propietarios del entorno que lo consideran una agresión a sus derechos, ya que al declararse no urbanizable supondría la imposibilidad de edificar viviendas unifamiliares en fincas de 5.000 metros.

Los representantes de los grupos municipales de PSOE e IU, Juan Francisco Otálora y Juan José Cánovas, intervinieron al final de la asamblea, una vez adoptados los acuerdos, manifestando su apoyo y coincidencia con las propuestas de los agricultores y propietarios afectados, que se estima podrían alcanzar los 4.000, de todas las zonas del municipio.

También intervino en la asamblea el Presidente y otros directivos de la Asociación de Propietarios de el Parque Natural de Carrascoy, a quien acompañaban varios directivos, y que informó de que tienen problemas similares en el Parque de Carrascoy y que apoyaban totalmente los acuerdos y posiciones de los propietarios de Sierra Espuña.

Esta mañana a las 11 h., esta previsto se celebre la Junta Rectora del Parque de Sierra Espuña, que en su orden del día tiene programado valorar la modificación del PGMO de Totana y a la que esta previsto asistan, entre otros, tanto los representantes de COAG y APESE como los del Ayuntamiento de Totana.

COAG MURCIA RECHAZA ENÉRGICAMENTE LA REDUCCIÓN PLANTEADA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO POR PONER EN PELIGRO LA VIABILIDAD DEL SECTOR DE LA ALMENDRA

El 22 de diciembre de 2004, el sector de Frutos Secos alcanzó un acuerdo con el Gobierno español que comprometía al por entonces Ministerio de Agricultura a conceder anualmente una ayuda a todas las explotaciones, que cubriera la mitad de la diferencia entre la cifra de 241,50 €/ha y la ayuda comunitaria que correspondiera cada año, que fue de 160,26 €/Ha en la campaña 2007/08; 159,89 €/Ha en la 2008/09 y 155,59 €/Ha en la última campaña, 2009/10. Además, el Ministerio también se comprometía a conceder un complemento a los agricultores profesionales titulares de explotaciones de frutos secos. El montante total máximo al que se comprometía a aportar el MARM era de 60,375 €/ha.
Ambas cuestiones se han ido cumpliendo a lo largo de estos últimos años, pero en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, la partida destinada al Programa de mejora de frutos de cáscara y algarrobas (complemento estatal de la ayuda a la superficie), se sitúa en 12 millones de €, mientras que en 2010 se presupuestó en 16,3 M€ y en 2009 en 17,3 M€. Es decir, se reduce el presupuesto en un 26,4% respecto a 2010 y en un 30,6% respecto a 2009. Si los cálculos se realizan sobre las cuantías satisfechas por el pago de la ayuda las reducciones son aún más relevantes.
Todo ello, cuando se atraviesa una mala situación ya que los precios del sector de frutos secos han caído drásticamente en los últimos años, a pesar de lo cual el Ministerio ha demostrado que ha perdido completamente la sensibilidad que hasta ahora había mostrado por el sector. Desde el año 2005 y hasta 2009, el precio de la almendra en cáscara se ha reducido en un 58%. Si a esto le sumamos la drástica reducción del presupuesto, el sector sufrirá un grave varapalo en esta campaña.
En opinión de COAG Murcia, la ayuda acoplada a la superficie ha permitido el mantenimiento y mejora del sector y, dada la situación de precios que lastra al sector, sigue siendo imprescindible para la supervivencia del mismo. Ya que la ayuda comunitaria finalmente va a quedar desvinculada del sector es necesario obtener el más firme compromiso de todas las Administraciones implicadas, de que se va a mantener la ayuda estatal ligada a la superficie.
De otro lado, el establecimiento de posibles ayudas específicas al sector a través del Artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009, tal y como se plantea en la aplicación del Chequeo Médico de la PAC para España, no debe suponer justificación alguna para eliminar el complemento estatal y comunitario de la ayuda actual a la superficie en el sector, sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de la puesta en marcha de la citada ayuda del Artículo 68, por entrar en posibles conflictos con las ayudas agroambientales de las distintas CC.AA. y no cubrir más que una parte reducida de la superficie de frutos secos del Estado.
Por todo ello, COAG Murcia rechaza enérgicamente la reducción planteada en los Presupuestos Generales del Estado por poner en peligro la viabilidad del sector de frutos de cáscara y reclama que se mantenga vinculada a la superficie la ayuda estatal y autonómica actual, tras producirse el desacoplamiento de la ayuda comunitaria en 2012. En este sentido, COAG considera vital mantener un apoyo diferenciado a los agricultores profesionales como ocurre en la actualidad.